Perspectiva: Después de Montgomery, el transporte por carretera necesita un estándar claro

El fallo unánime de la Corte Suprema en Montgomery v. Caribe puede haber sido bien intencionado, pero dejó un vacío crítico: no definió qué hace que un transportista sea “inseguro” ni estableció pautas claras para la selección de transportistas por parte de los corredores de carga. La decisión confirmó que los corredores pueden enfrentar responsabilidad a nivel estatal por accidentes que involucran a los transportistas que contratan, pero los tribunales se quedan aplicando un estándar inconsistente de “selección razonable de transportistas” sin una definición uniforme. Los corredores operan en una zona legal gris donde los demandantes pueden argumentar que hicieron muy poco (o demasiado) al investigar a los transportistas, mientras que los reguladores y los estatutos no proporcionan un marco claro. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) posee los datos y la experiencia para evaluar el riesgo de los transportistas, pero alrededor del 90% de los transportistas estadounidenses carecen de una calificación de seguridad de la FMCSA, e incluso los transportistas con calificación “Satisfactoria” pueden tener historiales preocupantes de accidentes e infracciones. Al 15 de mayo, la tasa nacional de vehículos fuera de servicio se situaba en aproximadamente el 22%, lo que significa que uno de cada cinco vehículos inspeccionados fue retirado de la carretera. Los corredores están atrapados en una posición imposible: confiar únicamente en datos públicos corre el riesgo de ser impugnados legalmente por falta de debida diligencia, mientras que ir más allá de los requisitos regulatorios podría exponerlos a acusaciones de haber sobrepasado su rol. El resultado es un mercado en el que los corredores más pequeños enfrentan responsabilidades abrumadoras, los costos de los seguros aumentan y la capacidad se reduce, todo mientras el problema central de la seguridad vial sigue sin resolverse. Para romper este ciclo, la FMCSA o el Congreso deben intervenir para definir estándares claros de investigación de antecedentes, brindando a los corredores, transportistas y tribunales un marco predecible. Sin esto, la industria seguirá premiando la escala por encima de la seguridad, dejando que los consumidores soporten la carga financiera de un sistema ineficiente y legalmente precario.