Dos vecinos de Boulder demandan a la policía para que un juez “apague” las 31 cámaras que vigilan cada conductor

Dos residentes de Boulder, Colorado, han presentado una demanda contra el jefe de policía local y una especialista en registros policiales por el uso de 31 cámaras de Flock Safety en la ciudad. William Freeman y Gwen Steel alegan que este sistema de vigilancia masiva, sin orden judicial, viola los derechos a la privacidad establecidos en la constitución de Colorado. Según la demanda, las cámaras capturan imágenes y datos de ubicación de millas de conductores, almacenándolos en una base de datos accesible para las fuerzas del orden. Los demandantes sostienen que esta práctica crea una red de vigilancia tipo “dragnet” que permite rastrear los movimientos diarios de las personas, incluyendo sus lugares de trabajo, centros de culto, atención médica, escuelas o actividades políticas. Freeman, uno de los demandantes, denuncia además que, tras solicitar mediante el proceso de registros públicos de Colorado los datos recopilados sobre su propio vehículo, le fue denegado el acceso a esa información. La demanda busca daños y perjuicios no especificados y una orden judicial que prohíba el uso de cámaras automáticas de lectura de matrículas en Boulder sin una orden judicial previa. Los abogados de los demandantes, liderados por el abogado de derechos civiles Andy McNulty, argumentan que la constitución de Colorado ofrece protecciones de privacidad más sólidas que en otros estados. Por su parte, el jefe de policía de Boulder, Stephen Redfearn, ha defendido en el pasado el uso de estas cámaras, asegurando que ayudan a reducir la delincuencia y recuperar vehículos robados. En una reunión pública celebrada en enero, Redfearn afirmó que los beneficios en seguridad pública superan los riesgos de uso indebido y aclaró que Boulder no comparte los datos con autoridades de inmigración federales. La empresa Flock Safety, que proporciona las cámaras, respondió a la demanda señalando que los tribunales de todo el país han rechazado repetidamente desafíos constitucionales similares, argumentando que los sistemas fijos de lectura de matrículas son legales. La compañía añadió que las agencias policiales controlan sus propios datos y determinan las políticas de acceso, retención y compartición. El caso ha sido asignado al juez Michael Kotlarczyk. Por ahora, las autoridades de Boulder indican que están revisando las acusaciones y responderán a través del proceso judicial.