El regulador turco impone multas de 67 millones de euros a los fabricantes de neumáticos por prácticas anticompetitivas

La Junta de Competencia de Turquía ha impuesto multas administrativas por un total de 3.630 millones de TRY (67 millones de euros) a fabricantes y distribuidores de neumáticos por presuntas conductas anticompetitivas en el sector automovilístico. El organismo de control concluyó una investigación sobre movimientos concertados de precios, intercambio de información sensible de la competencia, mantenimiento de precios de reventa, restricciones a la región de concesionarios y al cliente, prácticas discriminatorias, intercambios de información del mercado laboral y acuerdos de no captación furtiva. Las penas se impusieron el 16 de junio. Las multas de acuerdo representaron 497 millones de TRY, mientras que el resto siguió a conclusiones de la investigación completa. Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi recibió la mayor multa, de 1.000 millones de TRY, por prácticas de precios concertados, restricciones a los concesionarios y acuerdos de no captación ilegal en el mercado laboral. La unidad turca de Goodyear fue multada con 672 millones de TRYs por supuesta coordinación de precios, restricciones a los concesionarios e intercambios de información del mercado laboral o acuerdos de no caza furtiva. Otomotiv Lastikleri Tevzi fue sancionado con 397 millones de TRY por movimientos de precios y restricciones a los concesionarios. Las operaciones turcas de Hankook y Pirelli también fueron multadas por prácticas de precios concertadas, fijación de precios de reventa por parte de los concesionarios, restricciones regionales y de clientes, así como intercambios de información del mercado laboral o acuerdos de no caza furtiva. La filial turca de Michelin fue multada por prácticas de precios concertadas. Las empresas que llegaron a un acuerdo durante la investigación —Petlas, Tatko Lastik y Ustundag Lastik— sumaron casi 500 millones de TRY en multas. Prometeon fue multado con 206 millones de TRY por el mantenimiento del precio de reventa de los concesionarios, restricciones regionales/clientes y intercambios de información del mercado laboral o acuerdos de no caza furtiva, aunque la junta encontró pruebas insuficientes para sancionarlo por separado por prácticas de precios concertadas. Además de las sanciones económicas, las empresas deben implementar medidas para evitar el intercambio indirecto de información comercialmente sensible a través de los distribuidores, incluyendo marcas de agua distintivas en los anuncios de precios y sistemas de precios seguros basados en portales uno a uno. También se requieren cláusulas contractuales de penalización para disuadir a los concesionarios de compartir información futura de precios con proveedores rivales.